Sobre las Obligaciones de los Abogados en Materia de Blanqueo de Capitales

La posibilidad de crear un órgano centralizado al que los abogados puedan acudir para consultar posibles casos de blanqueo de sus clientes, sin vulnerar el secreto profesional, vuelve a tomar fuerza. El último espaldarazo a esta medida ha llegado con la reciente aprobación de la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales, en la que se recoge la creación de este tipo de organismo intermedio

Concretamente, la norma europea recomienda asignar «un organismo autorregulador adecuado como la autoridad a la que se ha de informar en primera instancia», en lugar de acudir directamente a las unidades de inteligencia financiera como el Sepblac, en el caso de España. Según explica la directiva, «de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un sistema de notificación en primera instancia a un organismo autorregulador constituye una salvaguarda importante para la protección de los derechos fundamentales en lo que se refiere a las obligaciones de información aplicables a los abogados». Por ello, se deben «prever medios y procedimientos que permitan garantizar la protección del secreto profesional, la confidencialidad y la privacidad». La directiva está haciendo referencia a la sonada sentencia Michaud, que se produjo cuando un abogado francés recurrió la obligación de informar acerca de sus clientes. El tribunal no le dio la razón, pero por un motivo: en Francia, los colegios de abogados actúan de intermediarios entre el letrado, que comunica una actuación sospechosa y la autoridad de prevención de blanqueo, algo que no pasa en España.

Por ello, se viene reclamando la creación de un órgano centralizado de prevención para los abogados similar al que ya tienen los notarios y que, en su caso, ha permitido comunicar más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo. Según explica el presidente de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, Nielson Sanchez-Stewart, la puesta en marcha de este organismo para el caso de los abogados llegará pronto, previsiblemente en 2016, justo después de que los registradores pongan en funcionamiento el suyo.

La normativa contra el lavado de dinero supone una preocupación para los despachos de abogados por la sobrecarga de trabajo que supone y por las dudas respecto al secreto profesional, algo que podría verse aliviado con este nuevo organismo